En la cultura que predomina en nuestra sociedad tenemos un problema del que no acabarnos de ser conscientes: hemos sustituido el diálogo sobre qué valores son más importantes para construir una sociedad humana por la aceptación de que todo es cuestión de opiniones. Así, lo relativizamos casi todo y se hace muy difícil el diálogo desde la diversidad para construir juntos una sociedad habitable para todos y acabamos confundiendo las cosas. Es lo que nos pasa con la reforma de la ley del aborto y de la ley de extranjería. Dos leyes muy importantes que aunque de forma distinta, se refieren a algo tan esencial como el derecho a la vida.
Debería estar claro que el Estado puede y debe regular un problema social como el del aborto para evitar que el mal social que es se convierta en un problema mayor. Debería estar claro que nadie tiene derecho a intentar imponer una determinada concepción de la vida. Pero debería estar igual de claro (y no lo está) que el aborto es siempre un mal, porque se trata, nada menos, que de interrumpir el proceso normal de una vida humana. Por eso jamás puede plantearse el aborto cono un derecho de nadie. Porque nadie puede tener derecho a negar la vida de otro. El
derecho a la vida sí es un derecho, el más elemental y esencial de todos. Y esto no debería ser cuestión de opiniones.
Debería estar claro que el Estado puede y debe regular las migraciones para que sean para el bien de las personas y de la sociedad. Pero debería estar igual de claro (y no lo está) que emigrar es un derecho fundamental de las personas, vinculado
al derecho a una vida digna. Por eso, restringir, de la forma que sea, los derechos de los emigrantes es un atentado contra el derecho a la vida digna. Nadie tiene derecho a hacerlo. Toda regulación debe respetar el derecho a la vida digna de todos, hayan nacido donde hayan nacido. Y esto no debería ser cuestión de opiniones.
Francisco Porcar, miembro de la HOAC