Juan Antonio Senent, de CVX Sevilla, reflexiona sobre el acuerdo
UE-Turquía como síntoma de la crisis de principios, valores y derechos
fundamentales, ante la cual, la fe antropológica y la fe trascendente convergen
para impulsar otro modo de relación social más humanizador.
La Unión Europea está
dando la espalda a sus obligaciones legales con los refugiados negociando
un acuerdo con Turquía,
denunciado por instancias de la ONU
y organismos de derechos humanos, para impedir de facto la llegada de quienes
huyen de la guerra y la persecución política, religiosa o étnica buscando un
territorio seguro para ver salvaguardados sus derechos más elementales. Las
sombras que se ciernen sobre esta negociación son la discriminación por razón
de nacionalidad, la posibilidad de facto deportaciones colectivas que impidan
la debida protección de derechos individuales atendibles en las fronteras, la
desprotección de los menores, la exclusión a un territorio inseguro como el
turco donde están documentadas violaciones de los derechos
de los desplazados forzosos. Y todo ello, mediante la externalización del
trabajo sucio con estos desplazados mediante el pago o mercadeo de estos
servicios a Turquía. Vemos así como la ley, nuestros sistemas jurídicos, se
pueden ir vaciando de las exigencias de justicia que habían legalmente asumido.
Pero esta
dinámica no es sólo institucional. También parte de las ciudadanías se oponen a
tener como vecinos a estos desplazados forzosos, de aceptarlos entre los suyos.
Los representantes políticos se afanan en una carrera electoral para escalar en
la dureza en la política de control y exclusión… Ello nos separa de una moral
vivida las relaciones sociales y políticas en consonancia con las exigencias de
la dignidad humana que no hace acepción de personas por razón de su origen o su
situación de vulnerabilidad.
Este proceso
implica no sólo un fracaso
humanitario y en las relaciones debidas con otros pueblos, sino
también una crisis de
los principios, valores y derechos fundamentales que distinguen
el núcleo ético-político de la Europa “civilizada”. Y justamente esta
diferencia de moral legalizada es la que se esgrime en el debate geopolítico
para argumentar la superioridad de las instituciones jurídico-políticas
europeas sobre los otros países en los que estos estándares de justicia no
forman parte de su Estado de Derecho, siendo por tanto, el camino que estos
deben recorrer. Se desmorona así la supuesta supremacía moral de Europa frente
a otros pueblos.
Pero junto a
las organizaciones de derechos humanos, se oye también una voz pública de
quienes movilizados desde la fe cristiana abogan por la hospitalidad para garantizar el respeto de la dignidad de
estas personas vulnerables. Se trata, por un lado, de realizar una incidencia
pública para defender estos principios de justicia tanto en el sistema jurídico
como en las políticas públicas. Pero de otro, la movilización que el sector
social de diversas instituciones eclesiales impulsa, trata de vivir ya, aquí y
ahora, otro modo de relación social donde tenga cabida el reconocimiento de la
dignidad del otro, la acogida, el cuidado de la vulnerabilidad. No hay cumplimiento de la ley justo,
si no se vive ya la justicia en las relaciones sociales como presencia de otro
mundo posible. Y esto tiene también un profundo sentido público
y político.
Ello nos
muestra en la experiencia de acogida, acompañamiento y de defensa de estos
desplazados forzosos la posibilidad de unas relaciones humanizadoras que son el
apunte y la presencia de otro mundo negado frecuentemente que puede y debe
brotar de la superación de la injusticia habitual y normalizada.
Aquí una fe
antropológica y una fe trascendente convergen en alumbrar otro mundo posible.