El miedo a la expulsión y el desconocimiento privan de derechos sociales a más de siete mil extranjeros que no han renovado su inscripción Son invisibles a ojos de las administraciones, pero están ahí. Miles de extranjeros han desaparecido de los padrones municipales que elaboran los ayuntamientos malagueños al no renovar su inscripción, como establece la ley para aquellos inmigrantes extracomunitarios que no cuenten con permiso de residencia permanente, que deben actualizar los datos cada dos años. Sin embargo, un total de 7.754 fueron dados de baja el pasado año por no realizar este trámite, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que, en la práctica, les puede privar o dificultar el acceso a prestaciones y derechos sociales como la elección de colegio o la atención sanitaria.
La crisis económica y el desconocimiento de la normativa se encuentran detrás de estas cifras, según las ONG, que argumentan que son muchos los inmigrantes que han perdido su puesto de trabajo en los últimos años, lo que les condena a la irregularidad y les produce temor a la hora de realizar cualquier trámite administrativo. «Creen que van a ser detenidos o expulsados», explica Luis Pernía, de la Plataforma de Ayuda al Inmigrante, que advierte de que, aunque «en teoría, cualquiera tiene derecho a empadronarse, hay ayuntamientos que exigen a los extranjeros un contrato de trabajo para otorgarles un estatus de legalidad».
La crisis económica y el desconocimiento de la normativa se encuentran detrás de estas cifras, según las ONG, que argumentan que son muchos los inmigrantes que han perdido su puesto de trabajo en los últimos años, lo que les condena a la irregularidad y les produce temor a la hora de realizar cualquier trámite administrativo. «Creen que van a ser detenidos o expulsados», explica Luis Pernía, de la Plataforma de Ayuda al Inmigrante, que advierte de que, aunque «en teoría, cualquiera tiene derecho a empadronarse, hay ayuntamientos que exigen a los extranjeros un contrato de trabajo para otorgarles un estatus de legalidad».
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