La nueva Ley de Extranjería retrocede hacia posiciones que dificultan la integración efectiva de las personas inmigrantes. Ante la aprobación de la reforma de la Ley de Extranjería, que ha tenido lugar el 26 de noviembre, las organizaciones sociales CEAR-SUR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), Andalucía Acoge y Cáritas Regional de Andalucía exponen su rechazo al conjunto de una reforma que recorta las garantías constitucionales a la población inmigrante y se alinea con la política restrictiva europea en materia de inmigración.
Durante todo el proceso de reforma, estas tres entidades han trabajado conjuntamente basando sus objeciones en cuatro ejes: una política de inmigración que se regula respondiendo a la crisis, el cambio en la normativa a la baja en cuanto a garantía de derechos, el refuerzo de la percepción del inmigrante como mercancía y la criminalización de la persona inmigrante, en especial la que está en situación administrativa irregular.
Lo aspectos más denunciados han sido el recorte en el acceso a la educación por el que se impide, por ejemplo, a mayores de 18 años sin permiso de residencia el acceso a la universidad; o las restricciones a la reagrupación familiar, por las que una persona inmigrante no puede reagrupar a sus padres a menos que tengan más de 65 años y haya permanecido en España más de cinco años. También, ha tenido especial relevancia la ampliación del periodo de internamiento en los CIEs, que a partir de ahora será de 60 días. En Andalucía, se estima que existen actualmente 80.000 personas en situación administrativa irregular, “todos ellos se verán afectados por una Ley que ha endurecido el régimen sancionador primando ese aspecto sobre la integración del inmigrante”, según Mikel Araguás, Secretario General de Andalucía Acoge.
En el último tramo parlamentario se han incluido elementos que se contradicen con una política de inmigración auténticamente orientada a la integración, como ha sido la introducción del vago concepto de “esfuerzo de integración” como si éste fuera un proceso unilateral de las personas inmigrantes, o las trabas de acceso al padrón municipal con la imposición de graves sanciones a quienes faciliten de forma desinteresada la inscripción en el mismo. En esta Ley, “se vincula la concesión de derechos al tiempo de residencia en nuestro país, retrocediendo hacia posiciones que dificultan la integración y el principio de igualdad de trato”, según Ricardo García, responsable de sensibilización de CEAR Sur, para el que además es especialmente sangrante que se siga abriendo expediente de expulsión a las víctimas de violencia de género en situación irregular. Cualquier obstáculo que impida que la mujer víctima de violencia de género denuncie, debe ser eliminado. Aunque este expediente de expulsión se mantenga en suspenso hasta que se resuelva el proceso de violencia, se convierte en un impedimento real para la denuncia, generando una doble discriminación.
Por tanto, viendo el conjunto de la reforma no es cierto, como se decía en la exposición de motivos del proyecto de ley, que cumpla en su integridad con las sentencias del Tribunal Constitucional universalizando los derechos fundamentales para todos los extranjeros con independencia de su situación administrativa. Es precisamente en los derechos prestacionales donde la propuesta de ley es más restrictiva.
La reforma de la LOEX se cierra sin que “haya sido posible definir un marco legal para la inmigración atento al amplio consenso social que ha venido expresándose a través de las organizaciones y movimientos ciudadanos”, en palabras de Pilar Muruve, responsable de Cáritas Regional de Andalucía.
en la foto, de izda a derecha: Pilar Muruve, Cáritas Regional de Andalucía;
Mikel Araguás, Secretario General de Andalucía Acoge; Ricardo García,
Responsable de Sensibilización de CEAR Sur y Manuel
Lancha, Equipo Jurídico de Andalucía Acoge.)