La ministra de igualdad, Bibiana Aído, ha anunciado que la nueva Ley que regulará el aborto en España saldrá, muy probablemente, antes del verano.Su objetivo es equiparar la legislación vigente en nuestro país a la de otros países europeos, con una norma, según afirma la ministra, “no más permisiva, sino más segura”, de modo que “se acabe con la inseguridad jurídica en materia de interrupción voluntaria del embarazo que afecta a la mujer y a los profesionales médicos”.
En la opinión pública se mezclan los datos inciertos sobre el contenido de la nueva ley con los discursos políticos sobre la supuesta defensa de los derechos de la mujer. La Iglesia no puede admitir una ley que pisotee la vida humana, por eso se pregunta: ¿Es el aborto solución para los problemas que rodean a la maternidad y a la educación reproductiva?
La sociedad no demanda una ampliación de la ley del aborto. Así lo refleja una encuesta realizada recientemente por la edición digital del diario El Mundo, que concluye que un 77% de los encuestados no es partidario del aborto libre en las primeras 16 semanas. El médico malagueño Rafael Ordóñez, con 30 años de ejercicio de la ginecología en la sanidad pública, califica esta ley de antisocial y anticivilizada. Al evidente ataque a la vida del indefenso no nacido hay que sumar sus consecuencias sobre la mujer, a la que supuestamente se intenta defender, y que son muy graves.
Por un lado, una ley que pretende ser feminista acaba convirtiendo a la mujer en la única responsable de la vida de su hijo, cargando sobre ella la decisión de acabar con ésta o no y sus consecuencias.
Por otro, a los daños físicos hay que sumar los psicológicos. Ningún psiquiatra puede obviar la gravedad del síndrome postaborto, que muchos equiparan al estrés postraumático que sufren, por ejemplo, las víctimas de atentados terroristas.
Además Ordóñez destaca que bajo esta legislación hay una “amnistía encubierta para los procedimientos judiciales abiertos contra las clínicas abortistas, que mueven muchos millones de euros en nuestro país”.
Aunque la ministra asegura que esta ley no pretende hacer del aborto un método anticonceptivo, la eliminación de los supuestos en las primeras semanas parece indicar lo contrario. De hecho, el número de interrupciones voluntarias del embarazo aumenta cada año, y no parece verse afectado por el incremento de campañas de información sexual. La política de educación afectiva de los jóvenes realizada por la Administración se centra casi exclusivamente en la propuesta de métodos anticonceptivos, pero no profundiza en un verdadero conocimiento de la importancia de la sexualidad para la persona.
La defensa de la vida centra la atención de la Iglesia en la jornada que celebrará el 25 de marzo. Más información en www.conferenciaepiscopal.es